En los países en vías de desarrollo hay un número creciente de mujeres que trabajan fuera de sus hogares. Por un lado, esto representa un acontecimiento importante porque puede implicar una mayor independencia económica para este género. Pero, por otra parte, esta realidad presenta una serie de desafíos para muchas sociedades, especialmente para aquellas en las que las opiniones tradicionales sobre las mujeres y las expectativas acerca de ellas persisten en relación a sus roles como esposas o madres. Asimismo, la falta de apoyo público en torno a opciones adecuadas y accesibles de cuidados para niños y adultos en condición de dependencia, como también limitaciones económicas privadas ha resultado en que el trabajo doméstico y/o de cuidado -- funciones tan esenciales para la sociedad en su conjunto -- siga recayendo sobre mujeres, sean ellas remuneradas, o no. 

Esta es la situación en América Latina, donde a pesar de que al menos la mitad de las mujeres laboran fuera de sus hogares, en la mayoría de los casos sus papeles como madres, cuidadoras y/o trabajadoras domésticas no han cambiado. En efecto, llevan una "doble jornada", una realidad particularmente onerosa entre las mujeres de bajos recursos. Sin embargo, investigación a nivel mundial y regional, procedente tanto de críticas feministas como de estudios en torno a modelos de desarrollo, ha argüido que el Estado tiene que trabajar para eliminar las barreras socioeconómicas que impiden que las mujeres salgan de sus casas a trabajar de manera remunerada. En este sentido, debe forjar un cambio de paradigma respecto del pensamiento sobre el empleo doméstico, –remunerado o no– así como sobre los cuidados de niñas, niños u otras personas dependientes. Específicamente, es necesario reconocer que este trabajo representa una contribución productiva a nuestras economías; no es un asunto exclusivamente privado, y menos son labores que les corresponde a mujeres por su condición de género. Por tanto, la sociedad en su conjunto es responsable. Así pues, el trabajo doméstico y/o de cuidado, quién lo proporciona, cómo se percibe, y cómo se compensa en la sociedad constituyen una cuestión de política social.

Sin embargo, aún persisten ciertos problemas en América Latina, y en Perú en especial. En primer lugar, los marcos legales se centran en la idea de proteger la maternidad versus cambiar la noción de que el trabajo de cuidado es exclusivamente el de mujeres. Segundo, los derechos de que disponen las trabajadoras domésticas o de cuidados siguen estando vinculados al empleo formal, excluyendo así a cientos de miles de empleadas informales de cualquier tipo de derechos patrocinados por el Estado. Finalmente, a pesar de que la mayoría de los países latinoamericanos profesa algún grado de compromiso con las políticas de protección social, las instituciones débiles y la incapacidad del Estado para asegurar que estas políticas sean mantenidas continúan siendo desafíos clave.

Si bien muchas sociedades como la nuestra han resuelto este tema, bien por asignarle este rol a la “señora de la casa”, o a otra mujer –en muchos casos mal remunerada y hasta a veces maltratada– en cualquiera de los dos casos, la opresión de género es una condición persistente. Pero hay evidencia de que esta situación no conduce a una sociedad más igualitaria y desarrollada. Por ello la apuesta tiene que ser por una mayor inversión en infraestructura social, como son apoyos públicos en los trabajos de cuidados que, junto con otras inversiones de infraestructura, está comprobado que contribuyen al bienestar económico. Por ello es primordial cambiar el pensamiento en torno a quién, cómo, en qué condiciones y con qué apoyo público se hace este trabajo. Pues no es viable cargarle estas tareas exclusivamente a mujeres, y en muchos casos a las más vulnerables entre ellas. En el análisis final el trabajo de cuidado, las mujeres y el desarrollo de un país están estrechamente relacionados. El diamante del cuidado sugiere que hay una relación directa entre el trabajo doméstico y/o de cuidado, el Estado, el mercado y la sociedad. Por ello, como arguyo líneas arriba, este trabajo es también asunto público, pues es la base elemental sobre la cual se hace posible la reproducción social.

Hay numerosos ejemplos de modelos provenientes de países desarrollados del norte, pero tampoco hay que ir tan lejos para encontrar prácticas buenas y viables. Hoy en América Latina, Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC) basado en la noción de que el cuidado es una apuesta y responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Asimismo, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) en Costa Rica es también notable por sus esfuerzos en torno a sus sistemas y redes que proveen cuidados fuera del hogar para niños entre cero y tres años. Así como en el caso uruguayo, Redcudi busca establecer un sistema público universal de cuidados y desarrollo infantil financiado por un esquema solidario. En el caso costarricense esto significa, entre otras intervenciones, contar con modalidades de atención de niñas y niños por debajo de siete años de edad y para adultos mayores en los hogares y en las comunidades. 

Si algo es claro es que el cuidado consiste en varios elementos, desde los quehaceres del domicilio hasta el cuidado físico y emocional de las personas. El cuerpo de conocimiento generado por la academia y la cooperación internacional ha hecho mucho por argumentar la necesidad de reconocer esta función como un “pilar” adicional del Estado de bienestar, más allá de la seguridad social, la educación y la salud. Como estos, el cuidado es entonces un derecho tanto del que lo recibe como el que lo brinda.

La buena noticia para el Perú es que ya está suscrito a numerosos convenios internacionales que establecen bases importantes en torno a la corresponsabilidad social de cuidados. Por ejemplo, el derecho al tiempo de lactancia (que reconoce que este tiempo debe ser remunerado y que las mujeres deben contar con el espacio adecuado para para practicar este derecho en sus sitios de trabajo), y licencias parentales (es decir, licencias para padres también, lo que desliga el cuidado infantil de ser una actividad puramente femenina). Los grandes desafíos, sin embargo, se concentran en tres áreas.

Primero, hay que cumplir con las leyes. Si bien las bases existen, en gran medida no se cumplen a cabalidad. Segundo, lo que las leyes actuales ofrecen en muchos casos solo representa una fracción de lo que es realmente necesario. Esto es el caso, por ejemplo, en torno a la licencia parental en el cual se supone que recién este año subirá a 14 semanas de licencia por madres (el tiempo mínimo reconocido internacionalmente) y cuatro días para padres. O, en los centros de lactancia materna donde, pese a legislación que especifica de lo contrario, no hay un cumplimiento universal. Por último, en la ley de trabajadoras del hogar ya sabemos que solo se reconocen derechos de manera recortada y que poco se cumplen. Segundo, hay que mirar más allá de solo las partes componentes y buscar la integralidad. Para ello hay que reconocer que los cuidados –así como lo descrito líneas arriba– no se tratan de una sola intervención aislada pero de un sistema completo que reconoce aquellas actividades que nos permiten salir a trabajar y a desarrollarnos mientras que las necesidades básicas y de apoyo en la casa están resueltas. Quiere decir también que así como se debe considerar este apoyo un derecho del que es “cuidado” el “cuidador” o la “cuidadora” es digna de acceder a los mismos derechos.